El Gobernador de California Jerry Brown y el líder del Senado dijeron el lunes que estaban de acuerdo con los cambios hacia una propuesta de legislatura que restringiría aún más las interacciones entre agentes del orden y agentes federales de inmigración.
El acuerdo llegó el mismo día que el estado le puso una demanda a gobierno de Trump por su decisión de poner fin a un programa que protege a los jóvenes inmigrantes de la deportación.
El presidente del senado, el senador demócrata por Los Ángeles, Kevin de León, aceptó los cambios que exigía Brown después de la oposición de los alguaciles y otras autoridades.
La propuesta de ley seguiría prohibiendo a la policía estatal y local de preguntar sobre el estatus migratorio de las personas además de imponer leyes federales de inmigración.
Sin embargo, después de los cambios del lunes, esto preservaría la capacidad de los oficiales de la ley para cooperar con los grupos de trabajos federales siempre y cuando no trabajen con inmigración.
La policía y los funcionarios de la cárcel podrían notificar a los agentes de inmigración si detienen a personas con condenas de unos 800 delitos, incluyendo delitos graves, agresiones y crímenes sexuales.
A los agentes de inmigración se les permitiría entrevistar a los inmigrantes en la cárcel y los agentes de inmigración no tendrían acceso a las bases de datos estatales.
En un comunicado, Brown dijo que este proyecto de ley protege la seguridad pública y a las personas que vienen a California para trabajar duro y hacer este estado mejor.
Brown y de León llegaron a su acuerdo en la última semana del año legislativo. Ahora La Asamblea y el Senador tendrán hasta el viernes para aprobar la medida este año o retrasar la acción hasta el próximo año.
La Agencia de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos no tuvo comentarios.
Actualmente, California ya cuenta con leyes más protectoras en el país para los inmigrantes detenidos por la policía. Fue en el 2014 cuando el estado limitó la capacidad de la policía para detener a los inmigrantes para los agentes federales de deportación. También requiere que los carceleros informen a los presos si los agentes estaban tratando de detener a los inmigrantes.
El acuerdo legislativo fue anunciado el mismo día en que el Procurador General de California, Xavier Becerra, presentó una demanda por la decisión del gobierno Trump de eliminar el programa DACA, que protege a los jóvenes inmigrantes que llegaron a Estados Unidos cuando eran niños de manera ilegal.
California se unió a otros 15 estados que también pusieron una demanda contra la administración de Trump.